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Estimad@s amig@s:
Tenéis la posibilidad de participar en una interesantísima Acción Formativa, en el que veremos y analizaremos "Puntos Clave" de vuestras empresas.
Hemos seleccionado a las mejores Empresas Consultoras de cada uno de los temas que vamos a tratar.
Aprovechar esta "Gran Posibilidad" que os ofrecemos, ya que además de los conocimientos que podéis adquirir, tanto las Empresas Participantes, como Asemvega, vamos a ofrecer "Servicios Extras" a tod@s los que os apuntéis.
Para más información en el siguiente link: http://www.asemvega.com/admin/cursos/d3efa0_Programa%20Curso%20Asemvega%208-04-2014.pdf
Esperando sea de vuestro interés.
Un cordial saludo,
Javier García
Sec. Técnico Asemvega
Estimados Amig@s:
Ponemos a vuestra disposición una gran oferta de Cursos Formativos:
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La Asociación de Empresarios de la Vega Baja (ASEMVEGA) considera que la subida de impuestos anunciada por el Gobierno Central afectará de manera especial a los empresarios de la Vega Baja, dado que afectará tanto a Pymes como a autónomos.
Además, la agrupación empresarial comarcal, entiende que, a partir de ahora, se modifican conceptos que computan en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social para incluir, entre otros, la totalidad del importe abonado a los trabajadores por pluses de transporte y distancia; las mejoras de las prestaciones de la Seguridad Social distintas de la incapacidad temporal (incluye las contribuciones por planes de pensiones y sistemas alternativos); las asignaciones asistentes, salvo las correspondientes a los gastos de estudios del trabajador o asimilados, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o características del puesto; la totalidad de los gastos normales de manutención y estancia generados en el mismo municipio del lugar de trabajo habitual y del que constituya su residencia.
Esta subida de impuestos afectará tanto a los autónomos como a las Pymes, por lo anteriormente mencionado. Frente a las críticas empresariales, desde el Gobierno se insiste en que la nueva fiscalidad beneficiará a los trabajadores, porque disfrutarán de mayores prestaciones sociales ahora y en el futuro, también a las empresas, dicen, porque introducirá mayores dosis de transparencia y, por último, a las arcas de la Seguridad Social, que se beneficiarán de unos ingresos extra de 900 millones, o de 2.500 millones si además se tiene en cuenta la subida de la base máxima de cotización del 5% o la mínima de los autónomos en un 2% aprobadas este año, según cálculos realizados por Cepyme.
Las nuevas cargas han sido recibidas por las empresas con escepticismo, ya que alertan de la pérdida de beneficios y de empleo, motivo por el que desde el gobierno se asegura que el Ejecutivo discutirá con todas las organizaciones y sectores que se sientan afectados por esta decisión durante el desarrollo reglamentario de la norma.
Asemvega asegura que las empresas aplazaron el año pasado 2.176 millones de euros en cotizaciones sociales, lo que supone un 5% menos que en 2012 y la primera vez desde que comenzó la crisis económica que los aplazamientos de pagos a la Seguridad Social caen respecto al año anterior. Sin embargo entiende que la subida de impuestos repercutirá negativamente en los próximos ejercicios, con lo que la tendencia será distinta. La patronal empresarial comarcal pone de manifiesto la delicada situación por la que atraviesan algunas empresas y las dificultades que tienen para cumplir con el pago de los impuestos al empleo en España, los quintos más altos de la OCDE tras Francia, Estonia, Italia y Bélgica.
La nueva fiscalidad anunciada por el Ejecutivo supondrá un incremento de la economía sumergida, cifrada actualmente en un 17% de la población que trabaja en la provincia de Alicante, lo que supone más de 100.000 personas que no cotizan a la Seguridad Social y que, consecuentemente, dejan de contribuir a las arcas públicas.
La provincia de Alicante es, con respecto a la Comunidad Valenciana, la que cuenta con un mayor porcentaje de economía irregular. En toda la comunidad autónoma se calcula que cerca de 300.000 personas trabajan sin contrato; es decir, que estamos hablando de casi el 12% de personas en edad de trabajar.
Estos datos son extrapolables a la Vega Baja, dada la precariedad laboral que existe en sectores tales como la agricultura, construcción, servicios y hostelería, entre otros.
La fiscalidad anunciada por el Ejecutivo supone otro contratiempo para nuestros empresarios, que ya tuvieron que ajustar al máximo los costes de sus empresas para seguir siendo competitivos. Nuestros empresarios se verán abocados a hacer un nuevo sobre esfuerzo para mantener su actividad, despedir personal o emplear trabajadores sin contrato alguno.
